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2016-05-25 07:10:40

Detenido en Tenerife un vigilante de seguridad por extorsionar a sus compañeros | Seguridad Privada


Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Comisaría de Distrito Sur de Santa Cruz de Tenerife, han detenido a un hombre de nacionalidad española y de 42 años, como presunto autor de manera continuada de un presunto delito de extorsión y de amenazas. En una nota de prensa la Policía explica que la investigación se inició a raíz de la denuncia de un ex-vigilante de seguridad, compañero de trabajo del detenido, quien manifestó que desde hacía más de un año estaba siendo obligado a pagar diferentes cantidades de dinero para poder mantener su puesto de trabajo, ya que el detenido era su jefe y se lo exigía para no despedirle. Todos los trabajadores que sufrieron esta extorsión manifestaron que el Inspector de Servicios, prevaliéndose de su condición les amenazaba con despedirles sino les entregaban las cantidades de dinero solicitadas, que podían variar entre los doscientos y los quinientos euros. Dichas cantidades suponían para los extorsionados un gran esfuerzo económico que, en algunos casos, podían llegar hasta más del 20 por ciento de sus ingresos mensuales. En total las cantidades obtenidas de esta manera suman unos 10.000 euros. Así mismo, la investigación policial determinó que el detenido había exigido dinero a otros seis compañeros más, llegando incluso a obligar a una de ellas a ejercer como avalista para poder financiar la compra de un automóvil. Una vez tramitado el correspondiente atestado policial el hombre, que en otra ocasión ya había sido detenido por hechos vinculados con la seguridad privada, quedó a disposición del Juzgado de Guardia. Información publicada en laopinion.es

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2016-05-20 22:32:50

USO suspende de militancia a su responsable de Seguridad Privada | Seguridad Privada


El máximo órgano directivo de la Unión Sindical Obrera (USO) ha acordado en una reunión extraordinaria la apertura de un expediente disciplinario al secretario general de su Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), Antonio Duarte Álvarez. Esta decisión, cuyos motivos no han sido comunicados por el sindicato, conlleva la suspensión cautelar de militancia de Duarte mientras dure la tramitación del expediente. La decisión de la comisión ejecutiva confederal de USO implica que, a partir de este momento, Antonio Duarte no representa a la organización sindical, por lo que cualquier actuación del mismo ante las empresas del sector lo será a título personal, indica una nota enviada a las empresas por el sindicato para comunicar la suspensión del hasta ahora responsable de su sección de Seguridad Privada. Sus numerosos líos judiciales y su defensa a ultranza de las grandes compañías del sector, especialmente Prosegur, en detrimento de las más modestas, han sido cuestiones clave para la toma de decisión del sindicato. Sin ir más lejos, la pasada semana Duarte inventó una rueda de prensa única y exclusivamente para pedir que la justicia decretara el ingreso en prisión del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria, una de las empresas de la competencia de Prosegur. Este hecho lo hizo, además, sin el más mínimo rigor ético y jurídico que se requiere para la labor sindical. En ese mismo documento, la dirección de USO señala que próximamente informará de los motivos de esta decisión, así como de la persona designada para sustituir a Antonio Duarte al frente de su Federación de Trabajadores de Seguridad Privada. http://canariasenhora.com/#!/uso-suspende-de-militancia-a-su-responsable-de-seguridad-privada

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2016-05-20 08:46:55

Inicio del congreso constituyente de FeSMC-UGT | Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo. | Seguridad Privada


image Madrid 20.05.2016 CONGRESO CONSTITUYENTE DE FESMC-UGT. VAMOS A MÁS

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2016-05-19 04:31:52

Hoy se inicia el proceso congresual que culminará con la constitución de la nueva federación FeSMC-UGT | Seguridad Privada


CONGRESO CONSTITUYENTE image El próximo viernes, 20 de mayo, se celebrará el congreso constituyente de FeSMC-UGT en el complejo Duques de Pastrana (Paseo de la Habana, 208 - Madrid). El acto de apertura está previsto a las 10:00 horas y la clausura en torno a las 14:00 horas. Minutos antes del inicio del congreso, los secretarios generales de las extintas federaciones de SMC-UGT y FeS-UGT, Miguel Ángel Cilleros y José Miguel Villa, harán declaraciones a los medios de comunicación en el acceso principal al plenario (donde se ubica el photocall). Esta nueva federación de la Unión General de Trabajadores surge tras la disolución –los días 18 y 19 de mayo– de las federaciones de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT (SMC-UGT) y la Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT), y se enmarca en el proceso de reestructuración global del sindicato aprobado por el 42 Congreso Confederal.

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2016-05-13 09:13:43

Seguridad privada |Impugnación de oficio por parte del Ministerio de Empleo | Convenio de 22-12- 2015. | Seguridad Privada


Impugnación de oficio por parte del Ministerio de Empleo del acuerdo suscrito por la Mesa negociadora del Convenio de fecha de 22 de diciembre de 2015.

En caso de que se estime la demanda planteada vendría a anular el acuerdo suscrito el citado 22 de diciembre en el que pretendíamos incorporar al texto del Convenio las cláusulas que marcaban unas determinadas condiciones a aquellas empresas que se descolgaran o inaplicaran el convenio por cualquier vía, pero en ningún caso el texto del Convenio ya publicado en el BOE.

Este procedimiento de impugnación, es obligatorio de oficio para el Ministerio de empleo, cuando requiere a las partes para la subsanación o rectificación de un determinado acuerdo que entiende que no se ajusta a la legalidad y las partes firmantes, como aquí ha ocurrido, remiten un escrito manteniendo el texto de la modificación por considerarlo perfectamente ajustado a derecho.

Os seguiremos informando de cualquier novedad al respecto.

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2016-05-13 08:20:00

Prosegur, la sorpresa del año, en máximos históricos | Seguridad Privada


La bolsa española no está para tirar cohetes y en este ejercicio no son tanto los valores que se libran de estar en números rojos. Dentro de los que cotizan en el mercado continuo podemos destacar en lo que llevamos de ejercicio aProsegur. El valor marcó máximos históricos en la primera parte del pasado ejercicio cuando se acercaba a los niveles de los 5,50€, pero en la segunda parte del año sufrió una significativa corrección que le llevó a niveles de 2013 en las cercanías de los 3,75€ pero acabó el año por encima de los 4,00€. Información completa en http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20160513/prosegur-sorpresa-maximos-historicos-3407929.html

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2016-05-13 06:00:28

El Supremo obliga al Fogasa a abonar todas las solicitudes que no responda en tres meses | Seguridad Privada


Los tribunales han dado un nuevo revés al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que unifica doctrina y en la que constata que el organismo debe pagar todas aquellas solicitudes que no haya resuelto en los tres meses que fija la ley. La sentencia puede impulsar una ola de reclamaciones: las de aquellas personas a las que el organismo les deniegue su solicitud tras haber pasado ese periodo. En la mayoría de las provincias el plazo medio de pago supera los tres meses y en algunas como Madrid, Barcelona, Valencia o Murcia llega a ser de un año. Varias fuentes consultadas aseguran que se trata de una decisión que puede agudizar aún más la situación del Fogasa, colapsado de expedientes y con una gestión puesta en duda por el propio Tribunal de Cuentas. "La solicitud del caso que llega al Supremo estaba denegada. Sin embargo, como pasaron más de tres meses, el silencio es positivo y la Administración tiene que pagar. Es decir, puede que se tengan que pagar solicitudes que, de haberse tramitado en tiempo, se hubieran tirado para atrás. Habrá que pagar también lo que esa persona haya pedido en su demanda, y no lo que haya calculado el Fogasa", dice una fuente próxima al organismo. José Miguel Andrés Collar es el abogado que interpuso en el Supremo el recurso de casación para la unificación de doctrina, ya que había fallos de signos contrarios sobre el mismo aspecto. "Hasta ahora el Supremo venía diciendo que, a pesar del silencio administrativo, no se podían adquirir derechos por esa vía. Ahora reconoce que, con independencia de eso, si el silencio es positivo, es positivo", afirma. En su sentencia, el Supremo considera que el silencio administrativo debe ser "la garantía que impida que los derechos de particulares se vacíen de contenido cuando la Administración no atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado". Lo único que podría impedir su funcionamiento, dice la sentencia, es que exista "norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario que prevea para el caso el efecto negativo del silencio", algo que no sucede en este caso. Al ser unificación de doctrina es un tema cerrado, ya no cabe otra interpretación jurídica que no sea esa", explica Fabián Valero, abogado laboralista del bufete Zeres. "Pasados los tres meses, ya no cabe otra resolución que no sea estimatoria", continúa. El letrado señala que es más que probable que el organismo siga denegando solicitudes pasados los tres meses, por lo que las personas afectadas deberían, primero, agotar la vía administrativa alegando la nueva doctrina del Supremo. "Si aun así se empeñan en denegarla, habría que ir a la vía judicial. Para las demandas que ya estén interpuestas, lo mejor sería ampliarlas y aportar la decisión del Tribunal. Todas las demandas van a tener que ser estimadas", subraya. Para Andrés Collar, la decisión del Supremo deja la puerta abierta a que, si esa solicitud hubiera sido denegada en función de los criterios del Fogasa, el organismo pueda recurrir y reclamar luego el dinero al trabajador. "Pero solo en caso de que esa causa de denegación fuera imputable al trabajador; es decir, que, por ejemplo, no hubiera entregado una documentación que se le hubiera requerido. Si la causa es imputable a la empresa, entonces el Supremo deja claro que al trabajador hay que pagarle. Otra cosa es que el Fogasa quiera luego actuar contra la empresa", cuenta. A principios de año, un juzgado de lo social de Valencia condenó al Fogasa a pagar intereses por la demora en la resolución de un expediente, como adelantó eldiario.es. El caso se remontaba a 2010, cuando una empresa dedicada al diseño y producción informática de Valencia despidió a varios trabajadores, que recurrieron al Fogasa para cobrar parte de su indemnización. El organismo se la denegó en noviembre de 2011, y los trabajadores demandaron al fondo por entender que sí tenían derecho a ella. Finalmente, tras la demanda y antes del juicio, el Fogasa les reconoció el derecho a percibir su indemnización. Sin embargo, la demanda siguió su curso, puesto que el abogado reclamó el derecho a cobrar intereses de demora, una reclamación que la jueza estimó. "El organismo demandado ha de abonar los intereses moratorios hasta la fecha del dictado de la presente resolución", sentenció la jueza, que fija esos intereses en el 4% –el interés legal del dinero– de la cantidad devengada. A esta sentencia ya se ha sumado otra con el mismo sentido dictada en Barcelona. Información completa en eldiario.es

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2016-05-12 19:17:21

Alcor, Integral, Esabe... las 'empresas pirata' de seguridad se topan con los tribunales | Seguridad Privada


Los sindicatos que agrupan a vigilantes de seguridad llaman 'empresas pirata' a todas aquellas que se descuelgan del convenio del sector para rebajar los salarios de sus empleados, como permite la reforma laboral. Desde la Unión Sindical Obrera (USO) hasta la Unión General de Trabajadores pasando por otras agrupaciones, la mayoría de colectivos se refieren a estas compañías con este término despectivo.  Seguridad Integral Canaria, Marsegur, Sinergias de Seguridad o Alcor son algunos ejemplos de mercantiles que han decidido pagar por debajo de convenio a sus trabajadores para poder presentarse a los concursos con la mejor oferta. Sinergias, por ejemplo, logró adjudicarse el servicio de vigilanciade los edificios del Boletín Oficial del Estado (BOE) en Madrid, perteneciente al Ministerio de Presidencia, y abona a sus empleados poco más de 700 euros al mes. Durante los últimos años, sin embargo, algunos sindicatos se han tomado casi como un objetivo el luchar en los tribunales contra estas empresas pirata. Es el caso de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, que ha emprendido acciones penales contra varias de estas compañías en diferentes frentes judiciales. A través de sus servicios jurídicos, por ejemplo, la agrupación sindical está personada en la causa que sigue un juzgado de Madrid contra la cúpula de Esabe. USO calcula que entre Esabe, Seguridad Integral Canaria, Magasegur, Falcon, Protección y Seguridad Galaica y LPM Seguridad han defraudado a Hacienda y a la Seguridad Social más de 80 millones de euros, según han reconocido la propia Agencia Tributaria y el fisco en los diferentes procesos judiciales que se siguen contra estas compañías en los tribunales.  Este caso, aunque parece haberse estancado en los tribunales -el juzgado aún está pendiente, tres años después, del escaneo de la documentación-, supuso un varapalo definitivo para la mercantil de seguridad privada, que no resistió el azote de la investigación judicial y terminó quebrando. El que era su presidente,Juan José Prados, de hecho, desapareció del mapa y aún hoy continúa en paradero desconocido y en busca y captura. La instrucción judicial continúa su marcha a la espera del mencionado escaneo. También existe otro frente judicial abierto en relación con Alcor, la empresa responsable de vigilar las obras del AVE a Galicia o de la Y vasca. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte de Lemos investiga la comisión de casi una decena de delitos por parte de los responsables de la mercantil. En concreto, la jueza María Yanet Puga les investiga por delitoscontra los derechos de los trabajadores, blanqueo, fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda pública, alzamiento de bienes, revelación de secretos, falsedad en documento oficial, estafa y tráfico de influencias. En el Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba Mesa, por su parte, aceleró a finales del pasado año la instrucción que sigue ese tribunal contra el propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Tras el retraso en la investigación provocado por la anterior titular del juzgado, Victoria Rosell-que está siendo investigada precisamente por esa demora-, su sustituto impulsó una causa que rastrea los delitos fiscales presuntamente cometidos por el dueño de la empresa entre 2008 y 2013. La jueza en excedencia Victoria Rosell, investigada por dilatar en exceso la causa contra Miguel Ángel Ramírez. La instrucción ha comprometido de tal modo a Ramírez que incluso puede verse afectada la participación que tiene el dueño de Intregal Canaria en el club de fútbol. El titular del Juzgado número 8 ha establecido una fianza de 35 millones de euros tanto para el propietario de la mercantil como para el administrador de la sociedad, Héctor de Armas, y la propia sociedad. El juez ha amenazado con embargar los bienes de los tres imputados si estos no hacen entrega del dinero. El Juzgado investiga el pago de horas extra a los trabajadores como si fueran dietas. Jueces, fiscales y policías están muy concienciados de las trampas que realizan estas empresas de seguridad privada, y en algunos casos ya están tomando medidas. Es el caso del fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos, que durante un encuentro celebrado el pasado 4 de noviembre en Madrid y organizado precisamente por USO explicó que el Ministerio Público ya está promoviendo que el fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda pública en el que incurren muchas de estas mercantiles sea considerado también a mayores un delito de blanqueo de capitales, que conlleva penas más elevadas. Además de Campos, en la misma jornada los ponentes coincidieron en destacar que numerosas mercantiles ganan actualmente los concursos públicos porque presentan el precio más bajo a costa de pagar a sus trabajadores por debajo de los salarios mínimos recogidos en el convenio colectivo. Además, aseguraron los intervinientes, las empresas continúan concurriendo con deudas con la Seguridad Social que -según la legislación española- únicamente deben reconocer y aplazar. Esto sigue pasando así porque, destacaron, España aún no ha implementado la directiva europea que obliga a que las empresas no tengan ningún tipo de deuda, ni siquiera reconocida, para concurrir. ver información completa elconfidencial

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2016-05-12 15:55:28

Bonificaciones de contratos | Servicio Público de Empleo Estatal | Seguridad Privada


Bonificaciones de contratos Cuadros resúmenes de normativas vigentes sobre bonificaciones/reducciones a la contratación laboral. Descargar documentación.

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2016-05-11 11:14:06

Actualización de una licencia de armas tipo C "ni caducan ni tienen que ser renovadas" | MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | Seguridad Privada


En contestación al escrito de un particular, formulando consulta relacionada con la actualización de una licencia de armas tipo C, esta Secretaría General Técnica, previo informe de la Intervención Central de Armas y Explosivos, puso de manifiesto lo siguiente:

Para dar contestación a la cuestión planteada en el escrito, se analizarán a continuación los artículos del Reglamento de Armas (en lo sucesivo R.A.), aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, en relación con aquéllos del Reglamento de Seguridad Privada (en adelante R.S.P.), aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que afectan directamente a dicha cuestión.

El R.A., en su Capítulo V, Sección 6ª (Licencias para el ejercicio de funciones de custodia y vigilancia), dispone los requisitos y condiciones que han de cumplirse para el otorgamiento de la licencia tipo C al personal de seguridad privada.

A su vez, el artículo 125 del R.A., en relación con el artículo 61.2 del R.S.P., establece que la licencia C sólo tiene validez durante el tiempo de prestación del servicio de seguridad determinante de su concesión y que quedará sin efecto al cesar el personal que la tenga otorgada en el desempeño de las funciones o cargos en razón de los cuales le fueron concedidas.

Por su parte, el artículo 126 del R.A. se pronuncia del siguiente tenor literal:

“1. Al cesar en su cargo o función, temporal o definitivamente, al titular de una licencia de este tipo le será retirada por el superior jerárquico, entidad, empresa u organismo en el que prestan o han prestado servicios, y será entregada en la Intervención de Armas. El arma quedará depositada a disposición de la empresa, entidad u organismo propietario.

  1. En los supuestos de ceses temporales, si el titular de la licencia hubiese de ocupar de nuevo un puesto de trabajo de la misma naturaleza, le será devuelta su licencia de uso de armas, cuando presente certificado o informe sobre dicho puesto, expedido de acuerdo con el artículo 122.a)”.

Teniendo en cuenta lo anterior, y en relación con la cuestión concreta que se plantea en su escrito, cabe formular las siguientes consideraciones: MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Las licencias de armas C, al contrario de lo que sucede con otras licencias, no están sometidas a un plazo de validez temporal, por tanto ni caducan ni tienen que ser renovadas, estando únicamente condicionadas al cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión –artículos 97.1 y 122 del R.A.- y al mantenimiento de éstos y de aquellos otros que el resto del ordenamiento jurídico pudiese contemplar, tales como la superación de los ejercicios de tiro anuales y de las pruebas psicotécnicas que, cada dos o cinco años, según la edad, deben realizar los titulares de estas licencias –artículos 84 y 85 del R.S.P.-, procediéndose, caso de incumplirse tales requisitos, a su revocación –artículo 97.5 del R.A.-.

Las citadas licencias no tendrán validez fuera del tiempo de prestación del servicio, función o cargo de seguridad determinante de su concesión, ni cuando sus titulares hubieren cesado temporal o definitivamente en el mismo, cualquiera que fuera la causa del cese –artículo 125 del R.A.-, procediéndose, en los casos de cese, a la retirada y depósito de la licencia en la correspondiente Intervención de Armas y Explosivos –artículo 126.1 del R.A.-.

A estos efectos, cuando los incisos finales de los artículos 61.2 del R.S.P. y 125 del R.A. hacen referencia a la expresión “quedará sin efecto” (la licencia), no puede interpretarse, en términos jurídicos, como sinónimo de anulación, puesto que tales incisos han de ser conjuntamente interpretados con los artículos 84 del R.S.P. y 126 del R.A., en relación con la suspensión temporal de la licencia C, debiendo entenderse, por tanto, que las licencias se encuentran temporalmente suspendidas o sin validez.

En consecuencia, cuando el personal de seguridad deje de prestar servicios con armas, por haber cesado en su cargo o función, temporal o definitivamente, la licencia de armas quedará sin efecto –no anulada-, es decir, quedará suspendida y depositada en la correspondiente Intervención de Armas y Explosivos hasta que su titular presente un certificado de la empresa en el que se haga constar que tiene un cometido o puesto de trabajo para el que precisa dicha licencia (artículo 126.2 del R.A.).

Ahora bien, si el cese en sus funciones deviene de la pérdida de la condición de personal de seguridad por alguna de las causas previstas en el artículo 64.1 del R.S.P., procederá la revocación de la licencia, previa la instrucción del correspondiente expediente, que deberá tramitarse de conformidad con la Ley 30/1992, de 2 de agosto, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecúan a la citada Ley las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones

De todo lo anteriormente expuesto cabe extraer las siguientes conclusiones:

2 MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

El personal de seguridad privada titular de una licencia tipo C, con independencia de su situación administrativa, si tuviese depositada la misma con motivo de su cese temporal en el puesto de trabajo en razón del cual le fue concedida, estará obligado a “actualizarla”; obligación que no existirá cuando se haya producido la pérdida de la habilitación como personal de seguridad privada, la cual llevará implícita la revocación de la licencia –artículo 64 del R.S.P. y artículo 97.5 del R.A.-.

A estos efectos, “la actualización de la licencia C” consistirá en la superación de los ejercicios de tiro y de las pruebas psicotécnicas determinadas por este Ministerio, afectando dichas obligaciones tanto al personal que se encuentre prestando servicios con armas como al que las tenga depositadas en la correspondiente Intervención de Armas y Explosivos por haber dejado de prestarlos por cese temporal –artículos 84 y 85 del R.S.P.-.

La no realización o no superación de la prueba psicotécnica dará lugar a la nulidad de la licencia y, en consecuencia, a la revocación de la misma –artículo 85 del R.S.P. y artículo 97.5 del R.A.-.

La no realización o no superación de los ejercicios de tiro no tendrá más efecto que la suspensión temporal de la correspondiente licencia de armas, caso del personal que presta sus servicios con armas, o que la misma continúe suspendida, caso de estar ya retirada por cese temporal, hasta que el ejercicio pueda llevarse a cabo con resultado positivo –artículo 84.1 del R.S.P.-.

En los casos de ceses temporales, para poder recuperar la licencia C -lo cual implicaría que no se ha perdido la habilitación como personal de seguridad privada- deberá acreditar la superación de la prueba psicotécnica, la del ejercicio de tiro, caso de no haberlos realizado o haberlos realizado con resultado negativo, y la presentación de un certificado o informe de la empresa en que se indique que va a prestar un servicio que exija el empleo de armas de fuego –artículo 126.2 del R.A. y artículos 84 y 85 del R.S.P.-.

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